¿Y si aportan más quienes más tienen? Por una Tasa Extraordinaria en Bahía Blanca

Foto: Horacio Culaciatti

La pandemia de coronavirus COVID-19 ha desatado una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica. En todo el mundo, las proyecciones de desempeño indican una situación preocupante. No se trata solo de la caída de la producción y el comercio en casi todos los países, sino también de la preocupante pérdida de empleos. La Organización Internacional del Trabajo la estimó en el equivalente a 255 millones puestos de tiempo completo. Se espera que esto provoque un aumento de la pobreza extrema en el mundo, por primera vez en dos décadas, así como también la continuidad en el aumento de la desigualdad. La crisis es la más severa de la que se tiene registro en un siglo, y minimizar su gravedad es un error severo de diagnóstico.

Los países de la periferia sufren en particular esta situación. Para aquellos más pobres, existen algunas iniciativas –criticadas por insuficientes- para alivios de deuda y préstamos de emergencia. Para los países de ingreso medio, como la Argentina, la situación es más compleja, porque se asume que tienen herramientas para actuar. Pero esto no es estrictamente cierto: tras décadas de ajuste fiscal, en muchos casos la situación es delicada. Los países más poderosos tienen la capacidad de emitir para financiar grandes paquetes de ayuda.

Ante esta situación, ha emergido un amplio consenso en que el Estado debe tener un rol activo en inducir la reactivación, a través del gasto público –en especial, mediante la política social y la inversión pública. Recientemente el propio FMI indicó que esto debe ser complementado a través de una revisión de la tributación, para ampliar el espacio fiscal. Concretamente, llamó a poner en práctica impuestos progresivos a las grandes fortunas personales y a las empresas con mejor desempeño de ganancias. La ONU también se pronunció en esta línea, apuntando no solo a los más ricos, sino a aquellos sectores que se han visto beneficiados por la pandemia. Es decir, la existencia de una crisis económica mundial, así como la necesidad de que el Estado actúe gastando y recaudando más, forman parte de un consenso generalizado, y deja de ser una propuesta utópica o propia de los sectores más alejados del poder.

En lo que sigue comentamos sobre la situación en la Argentina con esta recaudación a los más ricos, y la posibilidad de tomar estas iniciativas a nivel local.

El Aporte Extraordinario en la Argentina

En la Argentina, tras 6 meses de dilaciones, el gobierno del Frente de Todos presentó en agosto un proyecto en el Congreso de la Nación, para que las personas humanas de mayor riqueza realicen una contribución extraordinaria con destino a gastos específicos. El mismo fue aprobado a finales de 2020, como ley N° 27.605, reglamentada por decreto PEN 42/2021. Pagarían entre 10.000 y 12.000 personas con una riqueza declarada mayor a $200 millones y se utilizaría para la compra de equipamiento de salud, el apoyo a PyMEs, urbanización de barrios populares, reactivación de obras en el sector de hidrocarburos y becas estudiantiles. En rigor, desde abril había otro proyecto alternativo presentado por el FIT, que además de gravar las grandes fortunas, incluía las ganancias extraordinarias de los bancos. Este otro proyecto enfocaba el uso de los fondos recaudados a ampliar la ayuda social, la compra de material sanitario y la construcción de viviendas.

A pesar de resistencias parciales, la contribución es necesaria por distintos motivos. Por empezar, se trata de un problema ético, que la pandemia puso de soslayo: mientras una parte reducida de la población vive con lujos, la mayoría de la sociedad es incapaz de cubrir sus necesidades básicas. En una sociedad que expande sus posibilidades económicas, es injusto que una porción creciente viva peor. Según los datos más recientes del INDEC, de finales de 2020, el 10% más rico del país gana 18 veces más que el 10% más pobre. Pero esto es también un problema económico: la creciente desigualdad no derrama al resto de la sociedad por la vía del consumo ni la inversión. Una parte significativa de los ingresos captados por quienes más ganan se destina a colocaciones improductivas, especulación inmobiliaria o directamente atesoramiento. Esto produce menor crecimiento, además de más desigualdad.

Discutir el uso de un aporte extraordinario para poder afrontar la situación de crisis económica y sanitaria debe ser parte del acervo de políticas disponibles.

El viernes 16 de abril venció el plazo –extendido de su fecha original un mes atrás- para el pago de del Aporte Extraordinario. De acuerdo con las estimaciones públicas señaladas una semana antes, apenas el 10% de las personas afectadas habrían abonado lo que les correspondía. Asimismo, se presentó casi un centenar de recursos de amparo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para evitar el pago de la contribución. En la nómina de apelaciones, según trascendió, aparecían integrantes del directorio de los multimedios Clarín y La Nación, así como apellidos asociados a lo más encumbrado del empresariado nacional, como el de Ratazzi o Pérez Companc.

En la particular escena de las redes, cobró más visibilidad, sin embargo, el recurso presentado por el jugador de Boca, Carlos Tévez. Tal vez, en una muestra más de la hegemonía cultural que alcanzó el poder económico en nuestro país, provoca más indignación que no pague quien se hizo rico que quien heredó esa riqueza: el derecho de piso no solo aparece en la imaginación de quienes son poderosos. El contrapunto se dio con la opinión que tenía al respecto Diego Maradona, quien se pronunció a favor de esta clase de contribuciones, tal como rescató una integrante del equipo de Tramas. Con todo, se trata de una minoría de las personas alcanzadas.

Así, lo recaudado no tendría un efecto dinámico más allá de los usos preestablecidos. El país se encuentra en problemas, puesto que ante la llegada de la segunda ola y la continuidad de la crisis a nivel global, no tiene muchos instrumentos para poder fondear sus políticas públicas. Recordemos que en 2020 no se pagó la cuarta cuota de IFE, que tenía un impacto significativo en términos de género. No existe mucho espacio fiscal si no se cambia la forma de recaudar. El aporte extraordinario, además de estar demorado un año desde el inicio de la pandemia en el país, es una contribución por única vez.

¿Se paga mucho o se paga mal?

En el caso de nuestro país, el neoliberalismo vernáculo suele insistir con que se cobran demasiados impuestos. Sin embargo, si se mira la presión tributaria total en la Argentina ésta no alcanza al 29%. Economías de ingresos medios y altos como las incluidas en la OCDE muestran en cambio una presión total del 34,4%. Incluso Brasil, una economía vecina, tiene una presión total del 33%. Es decir, en la Argentina contra lo que se suele decir, no se cobran demasiados impuestos.

Pero no solo esto. Además, los impuestos que se cobran son sumamente regresivos. El peso central lo tiene el IVA, que como se sabe, lo paga tanto quien compra un paquete de fideos o un sache de leche como quien compra un catamarán. El IVA subió de manera súbita durante los años noventa, como forma de compensar la caída de la recaudación provocada por la reducción en otros impuestos más progresivos así como la acelerada e intensa apertura comercial (para lo cual se redujeron distintas tasas y derechos). Esto se hizo bajo la recomendación y seguimiento del FMI, bajo el argumento de que se trataba de una forma de mejorar la recaudación por tratarse de impuestos de fácil fiscalización. Esta clase de argumentos aún se estudian en las cátedras de finanzas públicas, totalmente desprovistos de marco histórico. Y peor aún, sostiene su tozudez ante la evidencia: no consigue que el conjunto de la economía salga de la informalidad, a pesar de la “sencillez” del pago. Este argumento aparece cuando se cargan una y otra vez las tintas contra quienes viven del día a día, como si la informalidad fuera una elección libre.

Mientras que la recaudación por IVA (o ingresos brutos a nivel provincial) tienen semejante peso, los impuestos progresivos no tienen igual incidencia. Los tributos a los ingresos personales en la Argentina pagan una tasa máxima de 35% mientras que en países como los de Europa esta tasa oscila que entre 40 y el 55%. Hace casi una década que se debate en el país por el impuesto a las ganancias, específicamente, al hecho que alcance a quienes trabajan en relación de dependencia. la reforma recientemente aprobada, que crea una desgravación, permite que 1.200.000 personas dejen de pagarlo. Pero con todo, y tras todo este tiempo en la escena pública, sigue eludiéndose una imposición más severa sobre ganancias financieras e inmobiliarias. Esto hace que quienes realmente más ganan, paguen relativamente menos.

Sin embargo, el impuesto más progresivo al que apuntan sectores de la heterodoxia progresista mundial como Thomas Piketty, Branko Milanovic o el Nobel Joseph Stiglitz, son impuestos sobre el patrimonio. En ese sentido el impuesto que corresponde en la Argentina es el de bienes personales. Este impuesto venía recaudando cerca del 1,3% de los recursos tributarios totales. A partir de la reforma de 2016, en la ley ómnibus que incluyó el blanqueo, ese peso pasó a ser el 0,5% de los recursos tributarios totales, es decir, la nada misma. Entonces cuando se piensa en una redistribución progresiva, este impuesto que es el que realmente pesa, no tiene casi ningún tipo injerencia en la Argentina. Nuestro país carece además de un impuesto serio a la herencia.

Por si todo esto fuera poco, no puede dejar de señalarse que toda la recaudación se basa en la declaración de valores fiscales que no solamente que está subdeclarado y subregistrado de manera generalizada, y esto es un dato conocido, sino que además los sectores de mayor poder adquisitivo poseen toda una ingeniería especializada en las formas de eludir y evadir impuestos,  para lo cual contratan costosos estudios jurídicos y contables que les permitan hacerlo dentro de los márgenes que la ley le permite.

El poder económico que opera localmente se ha beneficiado en las últimas 4 décadas con crecientes desgravaciones fiscales. Esto las ha beneficiado doblemente. En la medida en que dejan de pagar ciertos tributos, sus ganancias se elevan de manera “artificial”, gracias a la “intervención del Estado”, intervención que jamás reconocen como tal. A medida que el Estado deja de cobrarle impuestos y tasas, debe recurrir a otras fuentes de recaudación (lo que ya comentamos) o emite deuda. Se ha estudiado bien que el poder económico que opera en el país –en especial, los bancos- tiende a volcar crecientes recursos a la compra de títulos públicos, que rinden grandes intereses. De este modo, el empresariado concentrado no solo aumenta sus ganancias porque deja de pagar impuestos sino que luego recibe caudalosos intereses por prestarle al Estado…¡¡para compensar lo que dejó de pagarle!! Una auténtica estafa que pagamos quienes vivimos de nuestro trabajo.

El argumento del exceso de impuestos, fogoneado desde el poder económico, sin embargo, logra cierta llegada entre cuentapropistas y pequeños/as empresarios/as, que ven dificultades reales para lograr incorporarse a la formalidad. Sobre esto pesan una serie de problemas e inconsistencias a trabajar, para mejorar esa capacidad de inserción legal. Para el poder económico, esto es apenas un discurso, que operado en sentido inverso a donde apunta la realidad.

¿Y qué pasa más abajo del Estado nacional?

Ahora bien, este debate dista de ser un problema exclusivamente nacional. De hecho, como se sabe, una gran parte de las necesidades sociales más acuciantes requieren atención desde los niveles subnacionales, más concretamente, desde la acción de los municipios. Captando especificidades locales, es posible complementar o incluso mejorar cualquier política nacional mediante acciones concretas en los territorios subnacionales. Queremos resaltar este punto, porque entendemos que es una buena oportunidad para discutir la aplicación de una tasa contribución extraordinaria en Bahía Blanca.

De hecho, esto ya ha estado ocurriendo. Aunque existen experiencias a nivel internacional, resaltamos aquí los casos de 9 municipios de la Provincia de Buenos Aires: 25 de mayo, Castelli, General Lavalle, Hurlingham, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López (ver cuadro resumen al final de esta nota). Llamamos la atención de estos antecedentes por estar todos ubicados en la misma provincia que Bahía Blanca, sujetos al mismo marco legal. En el caso del municipio de Castelli, se presentó un amparo, que la Justicia oportunamente rechazó. Es decir, habría un marco jurídico validado para este tipo de iniciativas.

Veamos algunas características generales de las contribuciones aprobadas:

  • Estos 9 municipios incluyen locaciones del Conurbano, pero también localidades del interior de la Provincia, teniendo estructuras productivas basadas tanto en industria, como en servicios y en el sector rural.
  • 4 de estos municipios están gobernados por intendentes del Frente de Todos, y 5 por intendentes de Juntos por el Cambio. Es decir, no hay un problema de sesgo político en la propuesta.
  • En un caso, incluso se aprobó con la posibilidad de que quienes debían tributar pudieran tramitar la excepción. A pesar de ello, más del 90% de las personas afectadas prefirió abonar la contribución.
  • En casi todos los casos se trató de una contribución por única vez. En Trenque Lauquen se aprobaron en tres pagos, mientras que en Lanús el aumento fue por 6 meses.
  • Si bien el principal destino fue apuntalar la ayuda sanitaria (5 casos), también se utilizaron los fondos para subsidiar PyMEs (3 casos), para la compra de alimentos (2 casos), el pago de bonos extra a trabajadores/as municipales, o para apuntalar en materia de seguridad y reforzar partidas sociales (1 caso). En el caso de atender a PyMEs, se priorizó a aquellas que no pudieron trabajar por la pandemia, tanto con reducciones de tasas como con subsidios directos en dinero.
  • En 4 casos fueron aumentos especiales (entre el 16% y el 50%) de las tasas municipales existentes, en otros 4 fueron sumas fijas por concepto.
  • Se cobró a diferentes sectores, con criterios que se combinaban. En 4 casos se aplicó a todas las actividades que no hubieran suspendido o mantuvieran niveles de facturación del año previo, en 3 de los cuales además se combinaba con que se trate de grandes contribuyentes. En 5 casos se aplicó sobre bancos y actividades financieras. En 3, sobre distribuidoras, super e hipermercados. En 2 casos se aplicó sobre productores rurales –exceptuando a los pequeños-, y en otros dos a empresas prestadoras de servicios de telefonía, cable o internet. En un caso a las empresas que no fueran locales. En otro caso, a los dueños de 5 ó más propiedades inmuebles.

De conjunto, la experiencia cercana indica que son posibles múltiples combinaciones de base imponible y destinos de los fondos. En relación a lo primero, hay múltiples variantes, según la estructura productiva del municipio, pero también la situación económica de la actividad particular. Es claro que también se consideró la facilidad para establecer los sujetos imponibles y el cobro de la recaudación. Respecto de lo segundo, deberá considerarse qué urgencias tiene cada localidad. Lo que queda claro es que no se trata de una propuesta extemporánea, ni fuera del marco de la legalidad vigente, así como las recomendaciones internacionales.

En relación al caso de Bahía Blanca, el cobro de una tasa extraordinaria debería considerarse como opción ante la crisis.

El dato oficial relevado por el INDEC para el segundo semestre de 2020 indicaba que más de 75 mil bahienses se encontraban en situación de pobreza (equivalentes al 24% de la población local), y casi 22 mil en la indigencia. Debido a la técnica de recolección de datos esta cifra podría estar subestimando la situación real. Los aumentos de precio de las canastas utilizadas para medir tales guarismos se han elevado de forma consistente en los meses siguientes, por lo cual es esperable que la situación se haya agravado. Esta situación se da al mismo tiempo que la actividad económica en la ciudad muestra lentas señales de recuperación en nichos específicos, que no abarcan al conjunto de la sociedad ni el mercado laboral.

Algunas actividades han sido particularmente afectadas por estas restricciones, como las vinculadas al sector de la cultura y el turismo. A nivel sanitario, diversos indicadores y declaraciones de las asociaciones del sector muestran una situación de saturación, falta de implementos básicos, y agotamiento del personal. Muy lejos de agotar un balance de la situación social de la ciudad, esto ofrece un panorama mínimo de actores que bien podrían utilizar un refuerzo presupuestario.

El municipio, según declara en el portal de datos abiertos, invirtió poco más de $60 millones para atender necesidades vinculadas a la pandemia. Tres quintos de este valor fueron aportados por el propio municipio. Considerando que se trata de un presupuesto de 12.400 millones de pesos, la expansión de asignaciones ligada a la emergencia es apenas el 0,5% de su presupuesto. A modo de comparación, en el mismo presupuesto figuran $163 millones para atender servicios de deuda. La mayor parte (80%) de la inversión vinculada a COVID estuvo destinada a la compra de alimentos, a través de la Secretaría de Políticas Sociales. El rubro que le sigue en importancia es la compra de productos de limpieza (6%), a través de la misma Secretaría. Como se puede notar, además de tratarse de escasos fondos, han sido destinados prioritariamente a atender la emergencia alimentaria. Otras necesidades sociales y económicas –incluyendo la propia emergencia sanitaria- no han recibido grandes aportes para sostener sus tareas o resolver necesidades pendientes. Dejamos abierto al debate cuáles sectores sociales podrían requerir de manera prioritaria esta asistencia.

Una contribución extraordinaria con destino específico podría ayudar a mejorar la asistencia municipal a la situación de la población bahiense. Si bien es real que la mayor parte de la economía atraviesa una situación delicada, algunos sectores de actividad muestran recuperación, encontrándose además entre los que más crecieron en años previos, y contar con mayor patrimonio. Tomando en cuenta la estructura productiva local, entendemos que es posible evaluar la aplicación de una tasa extraordinaria a algunos de los siguientes sectores: 1) polo petroquímico; 2) actividad portuaria de gran porte; 3) entidades financieras y bancos; 4) grandes cadenas de distribución y superficies comerciales de gran escala; 5) construcción privada de edificios –en especial, de vivienda de alta gama; 6) prestadoras de servicios públicos; 7) producción rural de escala media a grande.

Como se señaló, este conjunto de sectores se encuentra en una situación relativamente mejor al resto de la economía, habiendo además capitalizado grandes ganancias en años previos, bajo un sistema de tributación especialmente regresivo. Incluso más, algunos de estos sectores han estado recibiendo beneficios fiscales en el último año (como la construcción y las finanzas). Un aporte por única vez no erosionaría el flujo de recursos necesario para afectar a la inversión, determinado por las oportunidades vigentes más que por la tenencia de excedentes. A los sectores antedichos, debería sumarse la evaluación de 8) suba de la tasa de ABL en barrios cerrados o de alto poder adquisitivo, o en propiedades de mayor valuación. No tratándose de recursos vinculados al flujo de las empresas, no debería tener efecto sobre la inversión.

Debe remarcarse que la aplicación de una sobretasa de este tipo no implicaría la creación de nuevos tributos, ni requeriría nueva información para ser recaudado, puesto que se trata de una adecuación de emergencia de la tasa aplicada. Por otro lado, el efecto no solo sería resolver necesidades concretas de sectores afectados, sino que incluso podría tener algún efecto en la reactivación de la economía local. La determinación de la sobretasa o monto fijo a tributar debería definirse a partir de las necesidades de recursos en función de los destinos, así como por la facilidad de recaudación.

Anexo: antecedentes en municipios bonaerenses

Mes de 2020MunicipioIntendenteDestinoBase imponible
marzoCastelliFrancisco Echarren – FdTFondos para el hospital municipalProductores rurales en relación a superficie de las unidades productivas, con valores de entre 8 mil y 44 mil pesos. $42 por hectárea, con un máximo de $44.000 por inmueble, a partir de las 50 Ha
mayo25 de mayoHernán Ralinqueo – FdTAportes ante la emergencia sanitariaActividades que no se suspendieron. $60 fijos x partida o habilitación
mayoGeneral LavalleJosé Rodríguez Ponte – UCR/JxCFondos para ayudar a la salud, a la emergencia alimentaria y a la seguridadSuma de$ 5.000 para los contribuyentes que tengan una facturación de $3-6 millones anuales y de $10.000 para los que superen esa suma. Aquellos contribuyentes que les corresponda abonar más de $150.000 por el período 2020, el valor se establecerá en el 5% de los montos que correspondan pagar en forma anual. En cambio, quienes paguen más de 300.000, el valor será del 10% de los montos que correspondan abonar en forma anual. No se aplicarán al sector rural. Una suma fija de $5.000 a pagar en 2 cuotas para el sector pesquero.
mayoHurlinghamJuan Zabaleta – FdTReforzar partidas sociales, alimentarias y sanitariasBancos y entidades financieras. Aumento de 50% en las tasas municipales.
mayoLanúsNéstor Grindetti – JxCAlivio de tasas a PyMEsEmpresas cuya facturación supere los $50 millones y que hayan tenido actividad comercial normal durante la época de cuarentena por el Coronavirus. Abarcaría a entidades financieras, bancos, supermercados e hipermercados de más de 2 mil metros cuadrados y empresas de  telefonía móvil e internet. 300 empresas en total. Un aumento del  30% de las tasas municipales por 6 meses
mayoTres de FebreroDiego Valenzuela – PRO/JxCReducción del 30% tasa seguridad e higiene para 2500 PyMEs y comercios afectados por la cuarentena. Deben tener ingresos inferiores a $5 millones durante 2019 y que tengan una facturación bimestral igual o inferior a la que tuvieron en el mismo bimestre del 2019Grandes contribuyentes que hayan tenido ingresos superiores a $50 millones durante 2019 y que tengan una facturación bimestral igual o superior a la que tuvieron en el mismo bimestre de 2019.
junioTrenque LauquenMiguel Fernández – UCR/JxCCompra de insumos y equipamiento de SaludBancos privados, entidades financieras y similares; supermercados cuya superficie habilitada supere los 150 metros cuadrados; distribuidoras mayoristas de alimentos; industrias de más de 100 empleados; los titulares de dominio, usufructuarios, poseedores a título de dueño, condóminos y  las sociedades, que posean 5 o más inmuebles (quedan exceptuadas las entidades sin fines de lucro) y las empresas prestadoras de servicios de telefonía y/o internet y/o cable que resulten alcanzadas por el derecho de ocupación de espacio público. Total de 48 empresas y 314 personas
junioVicente LópezJorge Macri – PRO/JxC2000 comercios cerrados por ASPO, con dos cuotas de $10.000Grandes superficies comerciales y cadenas de distribución de más de 900 metros cuadrados, el aumento fue del 50%, mientras que para los sectores bancarios y financieros, las tasas aumentaron un 16%
septiembreLapridaPablo Torres – FdT“Bono estímulo” COVID-19 a los empleados comunales: $12.000 para todos/as, $17.000 para esenciales.414 productores rurales dueños de más de 400 Ha, pagan $35 por Ha. Contribución extra a grandes empresas “de capitales no lapridenses”: empresas Telefónica, Movistar, Claro, Direct TV, Cablevisión, Banco Nación, Banco Provincia, Camuzzi Gas Pampeana y EDES, tendrán que abonar $35 por usuario de Laprida.

Por Francisco Cantamutto

3 comentarios

  1. Se los mandaste a los grandes empresarios de BB?

    El mar, 20 abr 2021 a las 9:02, TRAMAS () escribió:

    > fjcantamutto posted: ” Foto: Horacio Culaciatti La pandemia de coronavirus > COVID-19 ha desatado una crisis que no es solo sanitaria, sino también > económica. En todo el mundo, las proyecciones de desempeño indican una > situación preocupante. No se trata solo de la caída ” >

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